España crecerá más que la media de los países avanzados por tercer año consecutivo, según las previsiones del FMI. Esa realidad, que antaño significaba una mejora generalizada de las condiciones de vida y de las oportunidades de los más desfavorecidos, dejará hoy indiferente a la mitad de los ciudadanos, que no verá traducirse dicho crecimiento en una mejora de su vida cotidiana porque se han roto o están bloqueados aquellos mecanismos sociales que traducían el crecimiento económico en bienestar generalizado. El crecimiento económico ha perdido, para una buena parte de la ciudadanía, el significado que tenía, pese a que los políticos en campaña sigan lanzándolo al aire como si nada hubiera cambiado.
El avance español ha dejado de traducirse en bienestar general porque se han bloqueado sus mecanismos redistributivos
España crecerá más que la media de los países avanzados por tercer año consecutivo, según las previsiones del FMI. Esa realidad, que antaño significaba una mejora generalizada de las condiciones de vida y de las oportunidades de los más desfavorecidos, dejará hoy indiferente a la mitad de los ciudadanos, que no verá traducirse dicho crecimiento en una mejora de su vida cotidiana porque se han roto o están bloqueados aquellos mecanismos sociales que traducían el crecimiento económico en bienestar generalizado. El crecimiento económico ha perdido, para una buena parte de la ciudadanía, el significado que tenía, pese a que los políticos en campaña sigan lanzándolo al aire como si nada hubiera cambiado.
El crecimiento económico no es el bálsamo de Fierabrás, esa panacea universal capaz de curar cualquier enfermedad o herida. De hecho, en nuestras sociedades ricas hemos visto surgir a quienes defienden el decrecimiento económico, que prima el reparto de la riqueza alcanzada y la igualdad de oportunidades, a la vez que impone un límite ecológico a los efectos negativos que un modelo de crecimiento centrado en el aumento continuado del PIB tiene sobre los recursos naturales y el medio ambiente.
Hace años, cuando todo era distinto, los partidos de derechas ponían el hincapié en incentivar el crecimiento económico porque el modelo de distribución de los frutos de dicho crecimiento los repartía de forma asimétrica entre dueños del capital y dueños de su trabajo: todos mejoraban, pero las desigualdades sociales se consolidaban. Por eso, los partidos socialdemócratas y de izquierda se encargaban, por el contrario, de situar el énfasis en las medidas que facilitaban un reparto más equitativo de dicho crecimiento, destinado a mejorar la situación de los menos favorecidos. Ese era el sentido de los bienes públicos (el salario social) como parte de las condiciones materiales de la libertad (no eres libre si te mueres de hambre) y del principio de la diferencia de Rawls, que consiste en tratar de manera asimétrica a los desiguales.
Los mecanismos encargados de redistribuir el crecimiento económico se resumían en cuatro: empleo, salarios, efecto redistribuidor del Estado y ascensor social. Los cuatro han entrado en crisis con la globalización y, con ello, se ha puesto fin a la creencia de que el crecimiento económico ejercía, per se, un efecto positivo sobre la cohesión social. Veámoslo en España.
Entre finales de 2022 y ahora, el número de cotizantes a la Seguridad Social se ha incrementado en más de dos millones de afiliados, los mismos, aproximadamente, que han hecho crecer el número de ocupados en la EPA. No es un dato menor, sino todo lo contrario. Sin embargo, al analizar con mayor detalle las características de los nuevos contratos realizados, se observa, al igual que ocurre desde la reforma laboral de 2021, que persiste un elevado nivel de precariedad en el empleo, solo que se ha trasladado desde los contratos temporales, que siguen pesando mucho, hacia los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos: en torno al 80% de la nueva contratación se realiza con contratos temporales, a jornada parcial o fijos discontinuos. Si añadimos el dato de que el salario devengado por un trabajador a tiempo parcial es el 40% del que percibe uno a tiempo completo y que el fijo discontinuo cobra el desempleo en los periodos de inactividad, la retribución de buena parte de los nuevos contratados es muy inferior, lo que ha dado lugar al fenómeno conocido como “trabajadores pobres”. Hoy, en España, tener empleo no garantiza ingresos suficientes para vivir dignamente, incluso si no tenemos en cuenta los elevados alquileres.
Salarios y redistribución
Los salarios han dejado, también, de representar el mecanismo que permite que los trabajadores se beneficien del crecimiento económico. Y ello se debe a dos mecanismos: el primero, el alza de la inflación. Mientras los salarios de convenio crecen en torno al 3%, el alza de la inflación ha absorbido íntegramente la subida, provocando un estancamiento generalizado del poder adquisitivo real, en el que también ha incidido la no deflactación de la tarifa del IRPF. El segundo es que, a la vez que ocurría esto, los beneficios empresariales reales experimentaban un fuerte crecimiento, sobre todo en las empresas del Ibex 35 y en sectores como el turismo, aumentando la brecha en la distribución del crecimiento entre salarios y beneficios.
La acción redistribuidora del Estado, combinando las políticas fiscal y social, era otro instrumento tradicional por el que el crecimiento se repartía. Pues bien, también está fallando: a pesar de crecer más que la media europea, la tasa de pobreza apenas ha bajado unas décimas en España, menos que en el resto de los países, y seguimos ostentando el récord de pobreza infantil, incluso con la puesta en marcha, a trancas y barrancas, del ingreso mínimo vital (IMV). Es una nueva evidencia de un problema largamente conocido que ocho años de gobierno progresista no han corregido: la eficiencia de las medidas redistributivas es, en España, muy inferior a la media europea porque nuestras políticas y nuestras administraciones funcionan peor. Dos ejemplos: un sistema tributario lleno de exenciones y deducciones nada progresivas, como tampoco lo es la no deflactación de la tarifa por el IPC; por otro lado, un IMV que deja fuera a la mitad de los beneficiarios teóricos por problemas burocráticos y de diseño.
El último elemento tradicional encargado de redistribuir el crecimiento ha sido el ascensor social: el conjunto de facilidades sociales puestas a disposición de los individuos para estimular la movilidad vertical basada en el esfuerzo y el mérito. Hoy, en España, hay multitud de evidencias de que dicho ascensor, sobre todo en la educación, se ha roto: el hijo del pobre tiene ahora más probabilidades de ser pobre que hace unas décadas. La OCDE señala a España como uno de los países con mayor desigualdad de oportunidades.
Todo ello hace que hoy, en España, el crecimiento económico esté haciendo más ricos a los ricos. Y, por tanto, asumir que basta con crecer para mejorar la cohesión social es un fraude a los ciudadanos.
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