Giro inesperado en el caso del rescate de Plus Ultra, instruido en la Audiencia Nacional por el juez José Luis Calama y en el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante indicios de tráfico de influencias para obtener la financiación de 53 millones de euros firmada en marzo de 2021 por la aerolínea. Los dos máximos responsables de la empresa, el presidente Julio Martínez Sola y el consejero delegado Roberto Roselli, también investigados en esta causa, han presentado la dimisión de sus respectivos cargos.
El accionista minoritario Hugo Castaño toma las riendas a la espera de ser ratificado como nuevo presidente por la SEPI
Giro inesperado en el caso del rescate de Plus Ultra, instruido en la Audiencia Nacional por el juez José Luis Calama y en el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante indicios de tráfico de influencias para obtener la financiación de 53 millones de euros firmada en marzo de 2021 por la aerolínea. Los dos máximos responsables de la empresa, el presidente Julio Martínez Sola y el consejero delegado Roberto Roselli, también investigados en esta causa, han presentado la dimisión de sus respectivos cargos.
En el entorno de la empresa se da como nuevo presidente ejecutivo a uno de los accionistas minoritarios, Hugo Castaño. Plus Ultra se encuentra en negociaciones desde hace meses con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de donde salió la financiación en tiempo de pandemia, por un primer incumplimiento el pasado marzo en la devolución de los 19 millones del crédito ordinario. Las partes intentan pactar un plan de viabilidad y nuevos hitos de amortización para este préstamo y un segundo participativo de 34 millones.
Los dos directivos que salen de la pequeña compañía aérea fueron detenidos en diciembre de 2025 por agentes de la UDEF en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción por indicios de blanqueo de capitales, siendo liberados tras prestar declaración. Esta misma semana Martínez Sola ha presentado un escrito ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (instruye causas que posteriormente pueden ser juzgadas por la Audiencia Nacional) como muestra de colaboración con la justicia en la investigación del crédito y la supuesta participación en los trámites de Rodríguez Zapatero como consultor de la empresa Análisis Relevante. Este último aseveró el jueves en una entrevista concedida a RTVE que nunca habló con ningún miembro de la SEPI sobre la ayuda a Plus Ultra.
Julio Martínez Sola argumentó en su escrito que Plus Ultra firmó un contrato con una consultora del empresario Julio Martínez Martínez, íntimo del expresidente Zapatero, en el que se asumía el pago de un 1% de comisión sobre el importe del rescate que posteriormente otorgó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dependiente de la SEPI. La entrega ascendió a 530.000 euros a través de las sociedades Análisis Relevante, Voli Analítica y IOT Domotic Europe, todas ellas vinculadas a Julio Martínez Martínez, quien ha declarado esta semana en la Audiencia Nacional sobre la participación del líder socialista sin llegar a concretar hasta qué nivel habría llegado para tratar de acelerar el rescate.
Entre el primer contacto de Martínez Sola con Zapatero, que el ejecutivo fija en abril de 2020, y la obtención de la ayuda mediaron 11 meses. Plus Ultra fue una de las seis compañías aéreas beneficiadas con crédito del FASEE, que repartió 890 millones entre aerolíneas en jaque por el derrumbe del tráfico aéreo durante el confinamiento y el cierre de fronteras.
Para recibir los 53 millones de euros en créditos, Plus Ultra, como el resto de compañías ayudadas con fondos públicos, tuvo que cumplir con la condición de haber llegado en equilibrio patrimonial al año 2020, además de no tener deudas con la Administración. La compañía aérea contaba tan solo con cuatro aviones, todos ellos en alquiler, y logró pasar el filtro gracias a contabilizar un crédito participativo previo de 6,3 millones como patrimonio. Con ello, su patrimonio neto era superior a la mitad del capital social suscrito (63%), evitando entrar en causa de disolución. También obtuvo un aplazamiento de cuotas por parte de la Seguridad Social, sobre el que Zapatero asegura que no medió ante el exministro José Luis Escrivá.
Plus Ultra perdió 0,9 millones en su primer año de vida; los números rojos alcanzaron 0,7 millones en 2016; el resultado neto negativo llegó a los 6,7 millones en 2017; las pérdidas marcaron 2,1 millones en 2018, y volvieron a ascender en 2019 hasta los 2,8 millones. El plan de negocio preveía ganancias en el ejercicio 2020, en que estalló el covid-19.
Otra de las condiciones cumplidas para acceder al respaldo del FASEE fue la de estar encuadrada en una actividad estratégica, como es la del transporte aéreo. La viabilidad de la aerolínea hasta la pandemia obtuvo informes favorables de la Dirección General de Aviación Civil y de la Agencia de Seguridad Aérea.
En la operación que salvó a Plus Ultra de la quiebra participaron las firmas de asesoría Deloitte y DC Advisors, como consejeras de la SEPI, y PwC elaborando el plan de viabilidad de la aerolínea. Los créditos también fueron examinados el Tribunal de Cuentas (informe del 27 de septiembre de 2024), por la IGAE en cada una de las presentaciones de las cuentas del FASEE, la Oficina Nacional de Contabilidad y la Comisión Europea. Ningún organismo puso tacha alguna.
La compañía que fundó en 2015 Martínez Sola, anteriormente conocido en el sector aéreo por la creación y quiebra de Air Madrid, fue sacada a flote por el Estado como la undécima referencia por tráfico de viajeros entre las 20 principales aerolíneas españolas con licencia de tipo A, que permite operar con pasajeros, carga y correo con aviones de más de 10 toneladas o 20 asientos. Pese a su importancia en las conexiones con Venezuela, donde contaba con una cuota de mercado del 19%, Plus Ultra tenía un 1,6% del mercado aéreo entre España y Latinoamérica, y solo el 0,1% en el transporte aéreo hacia o desde este país.
En la Audiencia Nacional también se ha tratado de rastrear el destino del dinero público recibido en 2021, a la luz de los contactos de accionistas de la aerolínea, como Rodolfo José Reyes Rojas y Raif El Arigie Harbie, con el régimen venezolano de Nicolás Maduro y de pagos a Petróleos de Venezuela, con la que tenía una deuda anterior a la pandemia. De hecho, investigaciones en Francia y Suiza afloraron un presunto caso de blanqueo de capitales, que fue el que llevó a la detención del presidente y el consejero delegado a finales del año pasado, por la posibilidad de que la aerolínea hubiera usado parte del dinero del FASEE para devolver préstamos suscritos con sociedades vinculadas a investigados por blanqueo de fondos venezolanos.
Julio Martínez Sola y el consejero delegado Roselli Mieles tomaron el control de Plus Ultra en octubre de 2025, cuando aseguran en su escrito a la justicia que detectaron “graves iregularidades acontecidas en Venezuela por parte de Rodolfo Reyes y Raif El Airigie”. La empresa los ha denunciado a ambos en Venezuela el pasado 4 de marzo por el uso no autorizado de fondos de una cuenta de la aerolínea en Banco Plaza en diciembre de 2025, y el 14 de junio y 8 de julio por apropiación de fondos entre 2022 y 2025.
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