El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, con lo que pone fin a una legislatura que ha estado plagada de dificultades y desembocó en una parálisis política. El Ejecutivo no fue capaz de mantener los apoyos de la investidura, porque Junts nunca se sintió comprometida más allá de esa votación, lo que ha frustrado buena parte de sus proyectos y explica el abuso de la utilización del decreto ley. El fracaso, el viernes, de los dos decretos que trataban de dar respuesta a la crisis de la vivienda, sin duda una demanda social apremiante, ha sido el detonante de una legislatura de pobre balance, en la que no solo no se han aprobado unos Presupuestos del Estado, sino que ni siquiera han llegado a ser presentados.
Ahora toca dar voz a los votantes para que clarifiquen el reparto de fuerzas que abordará los retos en las nuevas Cortes Generales
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Ahora toca dar voz a los votantes para que clarifiquen el reparto de fuerzas que abordará los retos en las nuevas Cortes Generales
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, con lo que pone fin a una legislatura que ha estado plagada de dificultades y desembocó en una parálisis política. El Ejecutivo no fue capaz de mantener los apoyos de la investidura, porque Junts nunca se sintió comprometida más allá de esa votación, lo que ha frustrado buena parte de sus proyectos y explica el abuso de la utilización del decreto ley. El fracaso, el viernes, de los dos decretos que trataban de dar respuesta a la crisis de la vivienda, sin duda una demanda social apremiante, ha sido el detonante de una legislatura de pobre balance, en la que no solo no se han aprobado unos Presupuestos del Estado, sino que ni siquiera han llegado a ser presentados.
Si la legislatura no iba a dar más de sí, y nadie contaba con que los Presupuestos (tampoco este año presentados en el plazo constitucional) fueran viables en el Parlamento actual, la respuesta consecuente es la que se ha producido: dar la voz a los votantes para que clarifiquen el reparto de fuerzas que abordará estos retos en las nuevas Cortes Generales.
Por supuesto, en la decisión de Sánchez pesa el cálculo político. El malestar social por los precios disparados de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, se volvió muy visible después del desahucio de Maricarmen Abascal. La votación contra los dos decretos sobre vivienda, con el voto en contra de Junts pese a que participó en su negociación, daba al líder socialista la oportunidad, quizás irrepetible, de ir a las elecciones con un relato que defender, después de semanas en las que el Gobierno se veía acorralado por las causas judiciales y por la falta de soluciones a las consecuencias de la oleada migratoria sobre Ceuta.
El PSOE es consciente de que tiene muy difícil repetir la victoria in extremis de 2023, cuando pudo montar una mayoría muy ajustada con Junts gracias a la amnistía. Pero no iba a tener una ocasión mejor de retomar la iniciativa que la que se le abría con el debate, cada vez más relevante, sobre la vivienda. Queda abierta, además, la opción de que esos dos decretos revivan con las Cortes disueltas, y los valide la Diputación Permanente donde Junts no es decisiva, lo que puede ser legal pero resulta una treta política muy controvertida.
Las elecciones tendrán lugar en un escenario de fuerte polarización entre dos bloques, el PSOE con sus aliados de izquierda y nacionalistas en un lado y PP y Vox en el otro, que no tendría por qué ser inevitable. La última palabra es de los electores.
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