En los últimos tiempos, el plástico ha ocupado el centro del debate ambiental como uno de los materiales más cuestionados por la generación de residuos, pero también por su dependencia de materias primas fósiles, lo que lo vincula directamente a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático. Sin embargo, lejos de desaparecer, su presencia continúa creciendo en la construcción debido a su capacidad para reciclarse y tener una segunda vida. Según el informe The Circular Economy for Plastics, elaborado por Plastics Europe, en 2024 España incorporó cerca de un millón de toneladas de plástico reciclado, de las que una cuarta parte acabó destinada al sector de la construcción.
Compra pública verde
La economía circular no depende únicamente de la innovación tecnológica. La regulación y la contratación pública por parte de las Administraciones aparecen como dos de las principales palancas para consolidar un mercado estable del plástico reciclado. Según Óscar Hernández, director de la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico (Anarpla), la volatilidad del precio del plástico virgen continúa condicionando las decisiones de compra: “Cuando el precio de las materias primas vírgenes desciende, muchos fabricantes reducen su consumo de material reciclado, a pesar de sus ventajas ambientales”. Los datos de esta asociación confirman que producir plástico reciclado puede presentar una huella de carbono 14 veces inferior a la de la materia prima virgen sustituida.
La compra pública verde puede ser una herramienta clave para impulsar la circularidad de los plásticos. Por ello, el sector reclama que los pliegos de contratación pública incorporen porcentajes mínimos de plástico reciclado posconsumo en productos como tuberías, canalizaciones, perfiles, aislamientos o drenajes. Anarpla recuerda que la legislación española y europea ya permite introducir estos criterios, aunque su aplicación sigue siendo limitada. En 2023, solo el 34,7% de las licitaciones incorporaron criterios ecológicos.
El reciclaje impulsa nuevos usos en ventanas, tuberías y aislamientos, pero la recuperación de residuos sigue siendo una asignatura pendiente
En los últimos tiempos, el plástico ha ocupado el centro del debate ambiental como uno de los materiales más cuestionados por la generación de residuos, pero también por su dependencia de materias primas fósiles, lo que lo vincula directamente a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático. Sin embargo, lejos de desaparecer, su presencia continúa creciendo en la construcción debido a su capacidad para reciclarse y tener una segunda vida. Según el informe The Circular Economy for Plastics, elaborado por Plastics Europe, en 2024 España incorporó cerca de un millón de toneladas de plástico reciclado, de las que una cuarta parte acabó destinada al sector de la construcción.
Compra pública verde
La economía circular no depende únicamente de la innovación tecnológica. La regulación y la contratación pública por parte de las Administraciones aparecen como dos de las principales palancas para consolidar un mercado estable del plástico reciclado. Según Óscar Hernández, director de la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico (Anarpla), la volatilidad del precio del plástico virgen continúa condicionando las decisiones de compra: “Cuando el precio de las materias primas vírgenes desciende, muchos fabricantes reducen su consumo de material reciclado, a pesar de sus ventajas ambientales”. Los datos de esta asociación confirman que producir plástico reciclado puede presentar una huella de carbono 14 veces inferior a la de la materia prima virgen sustituida.
La compra pública verde puede ser una herramienta clave para impulsar la circularidad de los plásticos. Por ello, el sector reclama que los pliegos de contratación pública incorporen porcentajes mínimos de plástico reciclado posconsumo en productos como tuberías, canalizaciones, perfiles, aislamientos o drenajes. Anarpla recuerda que la legislación española y europea ya permite introducir estos criterios, aunque su aplicación sigue siendo limitada. En 2023, solo el 34,7% de las licitaciones incorporaron criterios ecológicos.
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