Nueva acción de la Asociación de Víctimas por el Descarrilamiento de Adamuz ante autoridades europeas para poner de manifiesto problemas de seguridad en la red ferroviaria bajo responsabilidad de la empresa pública Adif y reclamar una auditoría sobre la infraestructura y su gestión.
La asociación reclama la intervención de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea ocho meses después del accidente en la línea Madrid-Sevilla.
Nueva acción de la Asociación de Víctimas por el Descarrilamiento de Adamuz ante autoridades europeas para poner de manifiesto problemas de seguridad en la red ferroviaria bajo responsabilidad de la empresa pública Adif y reclamar una auditoría sobre la infraestructura y su gestión.
El colectivo que representa el socio director de Administrativando Abogados, Antonio Benitez Ostos, ha comparecido ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA por sus siglas en inglés) en busca de una intervención urgente ante lo que califica de “graves deficiencias” en las vías. Casi ocho meses después del siniestro que el 18 de enero costó 46 vidas en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a su paso por la localidad cordobesa de Adamuz, los afectados han presentado una denuncia administrativa en la que se incluyen diligencias de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil. El abogado Benítez Ostos dice sumarse a otros procedimientos, por ejemplo, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en los que se puso de manifiesto “una deficiencia estructural en el sistema actual que no alerta en tiempo real de la rotura de una vía”.
El descarrilamiento de un tren de la operadora Iryo ese domingo de enero, con el inmediato choque del Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario, se debió presuntamente a una rotura de carril en el kilómetro 318,681 o de su soldadura con otra viga con fecha distinta de fabricación. Adif no tuvo constancia de la fractura, que pudo producirse hasta 24 horas antes del siniestro y que causó señales en las rodaduras de varios trenes que circularon previamente por ese mismo punto. El caso, en el que se investigan delitos de homicidio y lesiones imprudentes, sigue bajo investigación técnica y judicial.
El escrito elevado por la asociación de víctimas a la ERA describe que el sistema ferroviario español “acumula más de 100 roturas de vía al año”, al tiempo que aporta advertencias emitidas en ese sentido por el sindicato de maquinistas SEMAF. Entre las incidencias reportadas destacan las de la inestabilidad en la rodadura a velocidades cercanas a los 280 kilómetros por hora; fatiga de materiales que provocan baches y deformaciones geométricas; sobrepeso en las vías tras la entrada en operación de las operadoras competidoras de Renfe, Iryo y Ouigo, y las abundantes limitaciones de velocidad en tramos dañados.
En el escrito se apunta a un déficit de atención a la infraestructura por la falta de cámaras de vigilancia exterior en los trenes, así como un equipamiento insuficiente de los convoyes, en los que se echa de menos un sistema de geolocalización autónomo en caso de descarrilamiento y medidas para asegurar el equipaje a bordo para evitar la caída de bultos sobre los viajeros. También se pone de manifiesto en la denuncia la falta de protocolos de actuación coordinados y homogéneos en los servicios autonómicos de urgencias (061 y 112).
La Agencia Ferroviaria Europea ya actuó en el caso del grave accidente de un Alvia en Santiago de Compostela, ocurrido en julio de 2013, y en su Documento de Asesoramiento (ERA/ADV/2015-6) consideró que la investigación del siniestro llevada a cabo por la CIAF no fue independiente.
La Asociación de Víctimas por el descarrilamiento de Adamuz demandó sin éxito el pasado mes de julio la suspensión del sistema ferroviario en España hasta que sea certificada su plena seguridad. Con esta nueva iniciativa ante la ERA, persigue la elaboración de una auditoría a la gestión ferroviaria en manos de Adif, dependiente del Ministerio de Transportes.
“Desde que se produjo el accidente, inexplicable y sorpresivamente, esta parte [por la Asociación de Víctimas] no tiene constancia formal ni material de que ADIF, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, ni tampoco el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, haya llevado a cabo ningún tipo de medida urgente y efectiva, más allá de rebajar temporalmente la velocidad, actuación preventiva no correctora, tendente a paliar las anteriores anomalías y deficiencias”, se queja el colectivo que representa Benítez Ostos ante el organismo europeo.
La ERA, según el Reglamento (UE) 2016/796 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, contribuye al desarrollo y funcionamiento efectivo del espacio ferroviario europeo único, garantizando un elevado nivel de seguridad ferroviaria e interoperabilidad. Por ello se le reclama que compruebe si “tras un accidente de extrema gravedad y ante una advertencia expresa sobre un riesgo no plenamente mitigado junto a los relevantes fallos de seguridad detectados, la autoridad nacional ha ejercido con la intensidad y eficacia exigibles sus funciones de supervisión sobre el gestor de infraestructura”.
Desde Adif se ha argumentado en repetidas ocasiones que la tragedia de Adamuz no se debió a un déficit de mantenimiento, pero la empresa dice estar abierta a recibir recomendaciones sobre la necesidad de reforzar o cambiar el sistema de inspección de las vías.
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