Las elecciones de medio término han concluido con un balance positivo para el Partido Demócrata. Según los resultados provisionales, la oposición política a Donald Trump ha obtenido 237 asientos de los 435 en la cámara de representantes, alcanzará una mayoría de al menos 54 senadores en la cámara alta y gobernará en 28 de los 50 Estados, tras arrebatar a los republicanos Georgia, Iowa, Nevada, Ohio y Texas. Las certificaciones oficiales de las elecciones aún tardarán unos días en llegar, pero como consecuencia de los resultados sufrirán una cierta transformación las políticas públicas sobre la inteligencia artificial (IA). Para empezar, es más que posible que el absurdo renombrado de la tecnología por parte de Trump a super inteligencia pase al baúl del olvido.
Es de esperar una mayor regulación de la industria tecnológica pese al riesgo de conflicto institucional en EE UU
Las elecciones de medio término han concluido con un balance positivo para el Partido Demócrata. Según los resultados provisionales, la oposición política a Donald Trump ha obtenido 237 asientos de los 435 en la cámara de representantes, alcanzará una mayoría de al menos 54 senadores en la cámara alta y gobernará en 28 de los 50 Estados, tras arrebatar a los republicanos Georgia, Iowa, Nevada, Ohio y Texas. Las certificaciones oficiales de las elecciones aún tardarán unos días en llegar, pero como consecuencia de los resultados sufrirán una cierta transformación las políticas públicas sobre la inteligencia artificial (IA). Para empezar, es más que posible que el absurdo renombrado de la tecnología por parte de Trump a super inteligencia pase al baúl del olvido.
En primer lugar, es de esperar una mayor regulación de la industria. Se registraron dos proyectos de ley bipartidistas en los dos últimos años que fueron ignoradas por el presidente Trump. Por un lado, la AI Lead Act propuesta en el Senado con el objetivo de equiparar los sistemas de IA a productos, lo que abriría la vía a demandas por responsabilidad civil cuando causen daños. Por otra parte, la Frontier Act propuesta en la Cámara de Representantes persigue imponer a los grandes laboratorios de IA obligaciones tales como planes de gestión de riesgos, auditorías independientes, notificación de incidentes y evaluaciones continuas, pero que también establece una moratoria regulatoria sobre los Estados. Aunque ambos decaen al iniciarse el nuevo ciclo legislativo, es de esperar una nueva propuesta –probablemente, unificando ambas iniciativas– que pueda superar la tramitación parlamentaria, si bien con 54 senadores los demócratas seguirán necesitando apoyos republicanos para alcanzar los 60 votos que exige el filibusterismo.
Existe la posibilidad de un conflicto institucional –que no será el único– entre el Congreso y Donald Trump con motivo de la regulación de la IA. El magnate ya realizó en marzo una propuesta al Congreso de un marco regulatorio amigable para la industria de la inteligencia artificial. El pilar central era la primacía federal legislativa frente a los Estados, con un enfoque de intervención reducida que incluye la exoneración de responsabilidad a los desarrolladores por el uso que terceros hagan de sus modelos. Una visión desreguladora que confirmó en septiembre firmando con la industria un acuerdo para el desarrollo responsable de la inteligencia artificial que les obliga a poco o nada. Trump puede vetar la regulación aprobada por el Congreso si se aleja de los parámetros que ha defendido en la primera mitad de su mandato.
El despliegue de los centros de datos es el otro gran campo de batalla de la IA en la política interna en EE UU. Si bien no se puede descartar algún tipo de legislación federal, es más probable que este ámbito quede en manos de los Estados. Aunque los proyectos con inicio de funcionamiento previsto en 2027 parecen encaminados, pueden verse alterados los 62 GW de capacidad de computación que se preveía incorporar en 2028.
La consultora SemiAnalysis calculaba que hasta 30 GW quedarían expuestos si se imponían los candidatos partidarios de una pausa. Texas, que aporta casi el 30% de la capacidad prevista para 2028, y Ohio han elegido como gobernadoras a dos mujeres del Partido Demócrata. La texana Gina Hinojosa, por ejemplo, se ha comprometido a mantener congelados los permisos ambientales de los centros de datos en Texas hasta que se legisle sobre ellos.
La decisión sobre nuevas instalaciones de computación no solo se jugaba en la elección de las personas representantes en los niveles federal y estatal. Hasta cuarenta y cinco resoluciones sobre centros de datos se votaban en ayuntamientos y condados coincidiendo con las elecciones de medio término. La mayoría planteaban restricciones de distinto grado al despliegue de centros de datos, desde la prohibición estricta hasta la exigencia de un referéndum previo; otras trece buscaban, en cambio, facilitar nuevos proyectos. Solo en una de las votaciones se ha apoyado no tener restricción alguna.
Son muchas más las facetas en las políticas públicas de la IA que están llamadas a variar durante la segunda mitad del mandato de Donald Trump, pero hay otra en la que merece detenerse: las relaciones comerciales con China. Las limitaciones a
la exportación sobre la industria de semiconductores a fin de frenar la IA han estado hasta ahora principalmente en manos del Ejecutivo, tanto durante la Administración Biden como la Administración Trump. En los últimos dos años han sido registradas diversas propuestas que ahora decaen al no haber sido adoptadas por las dos cámaras –Chip Security Act, AI Overwatch Act, No Advanced Chips for the CCP Act, Match Act– en las cuales se incluía al Congreso en el ciclo de decisiones. Con un presidente políticamente débil, las cámaras podrían ahora aprobar alguna norma que les permita obtener un protagonismo que han reclamado sin éxito durante seis años.
Las perspectivas de la industria de la inteligencia artificial en el medio plazo son inciertas. Las caídas del Nasdaq (5,52%) y del Sox (12,25%) tras el día después muestran las tensiones de una cadena de suministro en reconfiguración. Puede darse la paradoja de que legislaciones más estrictas sobre centros de datos –al reducir la oferta de capacidad de computación– beneficien a empresas como Microsoft, Google, Amazon y SpaceX que ya han desplegado infraestructuras. También un rebalanceo de la distribución geográfica de los centros de datos y, consecuentemente, de las ventas de semiconductores entre áreas económicas. Nos esperan unos meses de ajuste del ecosistema en todos los niveles.
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