La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha cumplido el aviso dado en verano y ha iniciado el conflicto laboral por la decisión de Casa 47 de no mantener el empleo de 274 personas del conocido como banco malo. El sindicato lleva a los tribunales a la entidad pública porque, pese a que la sociedad estatal gestionará el parque público de vivienda procedente de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), no subroga los contratos del personal que se encarga actualmente de ello.
El sindicato defiende que la futura entidad pública de vivienda debe asumir la subrogación del personal de la Sareb porque realizará la misma actividad que el ‘banco malo’
El sindicato defiende que la futura entidad pública de vivienda debe asumir la subrogación del personal de la Sareb porque realizará la misma actividad que el ‘banco malo’
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha cumplido el aviso dado en verano y ha iniciado el conflicto laboral por la decisión de Casa 47 de no mantener el empleo de 274 personas del conocido como banco malo. El sindicato lleva a los tribunales a la entidad pública porque, pese a que la sociedad estatal gestionará el parque público de vivienda procedente de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), no subroga los contratos del personal que se encarga actualmente de ello.
En esta línea, en la demanda presentada ante los juzgados de lo social de Madrid, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el sindicato cuestiona que Casa 47 ―pilotada ahora por Maribel Ramos, en sustitución de Leire Iglesias, designada a principios de septiembre como secretaria de Estado de Vivienda― ya haya empezado a publicar las vacantes para ocupar las más de 200 plazas, sin que los trabajadores de Sareb hayan “sido tenidos en cuenta en absoluto”. Asimismo, denuncia el coste para las arcas estatales del despido y de la posterior contratación y formación de los trabajadores sustitutos.
“Difícilmente puede considerarse que se esté dando cumplimiento al deber de aplicar los criterios de eficiencia y economía en los recursos económicos públicos cuando se da una duplicidad de gastos destinados a, por un lado, extinguir las relaciones laborales del personal de la Sareb y, por otro, a contratar nuevo personal con el consiguiente gasto añadido de proceso selectivo y formación”, dice la demanda. Además, el escrito recuerda que en las últimas cuentas de la Administración General del Estado, relativas al ejercicio de 2025, el Ministerio de Hacienda cifró el deterioro patrimonial de la Sareb en 20.585 millones de euros.
La demanda, que se dirige contra Casa 47 ―cuyo nombre se inspiró en el artículo 47 de la Constitución Española que recoge el derecho a la vivienda— y la Sareb, se presenta después de que a finales de julio concluyera sin éxito un acto de mediación, celebrado en la Fundación Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (IRMA) de la Comunidad de Madrid. Los representantes de las entidades públicas consideran que las administraciones públicas están exentas de someterse a un proceso de conciliación, si bien fuentes sindicales consultadas entonces apuntaron que, en su opinión, esto es un mero tecnicismo, ya que las denunciadas son empresas con accionariado público.
Con vistas a la próxima desaparición de la Sareb ―creada en noviembre de 2012 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para absorber los bienes inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorros y bancos rescatados durante la crisis financiera― a finales de noviembre de 2027, el Gobierno dio la orden en julio de 2025 de traspasar más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos con la capacidad de albergar unas 55.000 viviendas a la nueva empresa pública dependiente del ministerio que dirige Isabel Rodríguez.
CSIF afirma que este traspaso debe entenderse como una “transmisión paulatina de la unidad productiva” y que finalmente Casa 47 asumirá “la actividad principal de Sareb”. En este sentido, el sindicato sostiene que esta situación no da pie a la extinción de los puestos de trabajo, ya que se trata de una “trasmisión de los medios esenciales para desarrollar la actividad y/o de una unidad productiva”, tal y como se recoge en el artículo 44 de el Estatuto de los Trabajadores y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Por todo ello, el sindicato pide que se mantengan los contratos de los trabajadores de Sareb, así como los derechos y obligaciones derivadas de estos acuerdos laborales.
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